Restricciones y más restricciones

El Ayuntamiento de Badalona acaba de aprobar una ordenanza municipal encaminada a regular la actividad de los ciudadanos en sus playas. La ordenanza no tendría mayor trascendencia si no fuese por los hechos tipificados que acarrean sanción. Sirva como ejemplo, multa de 1.000 euros por bañarse con bandera roja, 600 euros por pasear con el perro por la playa o 900 euros beber alcohol en la arena.

Esta ordenanza no tendría tampoco mayor interés, si no fuese porque en los últimos años se han ido promulgando por parte de los ayuntamientos de diferentes localidades, diversa normativa encaminada, según mi punto de vista, a restringir derechos y libertades a los ciudadanos.

Hace unos de años, el Ayuntamiento de Barcelona, aprobó la llamada “ordenanza cívica” por la cuál, la prostitución, mendicidad, e indigencia, se consideran actividades indeseables e ilegales, llegando al punto, de embargar el consistorio de la capital catalana, las cuentas bancarias a un indigente, por no respetar dicha ordenanza.
Algo a todas luces surrealista.

Idénticos pasos, siguió el Ayuntamiento de Valencia, Cáceres o quizás uno de los casos más sangrantes es el de Sevilla. En la capital hispalense pueden multarte hasta con 1.500 euros por tirar al suelo un papel o una colilla, no separar los residuos orgánicos, de los plásticos, o del cartón, en la basura, etc.

¿Desproporcionado? Atendiendo a las palabras de la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Dña. Ana Botella, “reciclar la basura cuesta mucho dinero al Ayuntamiento, que ha invertido millones en convertir el antiguo vertedero de Valdemingómez en una «fábrica» que transforma la basura en energía eléctrica o gas, que luego vende. Si no viene bien separada desde el origen, una parte de la basura ya no se puede recicla” Pues bien, así las cosas imaginemos la siguiente situación: usted va a tirar su basura y aparece un policía municipal que procede a examinarla y a multarle porque usted no separa los diferentes residuos. A usted que no le parece bien, se exalta y agrede al agente, un par de puñetazos en la cara, provocándole unas lesiones, que no son de tal entidad como para que le concedan la baja laboral, sin secuelas y que tardan dos semanas en curar.

Esta situación, en primer lugar, podría suponer una vulneración contra su derecho a la INTIMIDAD, pero es paradójico, que un atentado contra la autoridad de estas características, le podría comportar una multa de apenas 500 euros, daños físicos incluidos y a su vez tuviese que pagar una multa de 1.500 euros por no reciclar. ¿Surrealista? Juzguen ustedes mismos.

Vamos encaminados hacia un estado policial, de represión, que todo debe estar regulado y controlado por los diversos poderes del Estado, limitando cada vez en mayor grado el ámbito de decisión y libertad de las personas, hasta que lleguemos, a la cuestión, que un día, en mis años de facultad, enuncié y que no es otra ¿Si tu te intentas suicidar y no lo consigues, te imponen la pena de muerte? Piénsenlo.