La última reforma de la Ley de Tráfico que entró en vigor el pasado 24 de mayo viene a ser la culminación de una estrategia centrada en acelerar el cobro de las multas por parte de la Administración, objetivo básico en la "lucha contra la siniestralidad" de nuestras carreteras.
En esa línea, la principal novedad es el denominado procedimiento abreviado, que se traduce en una oferta hecha al infractor para que acepte la sanción rebajada en un 50%, a cambio de renunciar a presentar alegaciones, proponer pruebas y formular recursos en vía administrativa, es decir, a los derechos y garantías contenidas en el procedimiento administrativo sancionador.
Medidas como el pago con tarjeta de crédito en el acto de la denuncia, la extensión de los plazos de caducidad de las sanciones hasta cuatro años (anteriormente de un año), la configuración de un domicilio electrónico para notificaciones, la ingente inversión en elementos de vigilancia y control del tráfico (cámaras y radares), el aumento del número de infracciones graves y muy graves, son el claro ejemplo de una política represora que pasa por alto la educación permanente de los conductores, la eliminación de los denominados "puntos negros", la modernización de los desfasados métodos de formación… iniciativas cuya puesta en práctica revelaría un esfuerzo sincero por mejorar la seguridad vial por parte de las autoridades competentes.
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